Sistema Cret@ o la facturación directa de la Seguridad Social
Se trata de un sistema nuevo de liquidación directa basado en el cálculo previo por parte de la Administración de las cuotas de Seguridad Social individualizado para cada trabajador de las empresas. Y el objetivo es optimizar la información, prevenir posibles situaciones irregulares de cotización y facilitar el pago de cuotas por medios telemáticos, de forma que la Tesorería General de la Seguridad Social adopte un papel más activo en el proceso de recaudación, pasando de un modelo de autoliquidación a un modelo de facturación. De esta forma se proporciona una mayor información sobre las cotizaciones a empresas y trabajadores a través de un modelo de atención personalizado y multicanal.
Así, la misión de la Seguridad Social será emitir una “factura”. Y de este modo, el sistema abrirá en el futuro la posibilidad a que el propio trabajador pueda conocer el desglose de su cotización e incluso saber si ésta ha quedado pagada en la Seguridad Social.
El procedimiento se inicia cuando la TGSS notifica a las empresas que cumplen los requisitos establecidos para unirse al sistema de liquidación directa (Cret@). Una vez incorporada la empresa (a partir del primer día del mes siguiente al de la recepción de la notificación), el sistema estará operativo desde del tercer mes natural siguiente. La empresa deberá entonces solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la liquidación, y la empresa la ingresará mediante domiciliación bancaria o bien por pago electrónico. El sistema de liquidación directa se aplicará obligatoriamente a partir del 1 de enero de 2015.
El resultado de la aplicación del anteproyecto supondrá un ahorro neto de 63,4 millones de euros anuales para las empresas por las menores cargas administrativas, según datos del Ministerio. Para la Seguridad Social supondrá manejar datos de alrededor de 13 millones de trabajadores de las más de 1,3 millones de empresas a las que gestionará la facturación directa, con un volumen de recaudación de 8.600 millones de euros. Para las empresas supondrá ahorro de trámites y la prevención de situaciones erróneas en la cotización. La liquidación incluirá todas las bonificaciones o reducciones a que tenga derecho.
