Quedan menos de dos años para que se aplique en toda su extensión el factor de sostenibilidad de las pensiones. Imagine que le ofrecen una bolsa con 30 nueces para consumir en un mes. Una buena idea sería consumir una cada día. ¿Pero qué ocurriría sí el plazo para consumir esas mismas 30 nueces se ampliase a tres meses? Pues que, si quiere comer nueces todos los días, debería tomar solo un tercio de cada nuez por día.
El argumento parece de una lógica aplastante. Tal vez por ello, las bases de la última reforma de las pensiones que tuvo lugar en España se asentaron sobre un pensamiento similar. El resultado, entre otras medidas, fue la implantación del denominado índice de sostenibilidad financiera. Una decisión que marcó el futuro de las pensiones en España. Pensión pública y seguridad dejaron de ser dos palabras unidas.
El índice de sostenibilidad de las pensiones liga, por primera vez, la cuantía de la pensión de jubilación de cada trabajador con su esperanza de vida y la situación de las finanzas públicas.
No entrará en vigor hasta 2019, pero la inquietud por sus efectos comienza a hacerse hueco en la mayoría de los debates sobre el futuro de las pensiones. Nadie sabe muy bien qué ocurrirá dentro de dos años. Sin embargo, todo apunta a que el principal efecto de la aplicación del factor de sostenibilidad de las pensiones será que quienes quieran incrementar la cuantía de su pensión deberán (si les dejan) retrasar su edad de jubilación.
El agujero del sistema de pensiones
Esta medida es una de las que se han tomado en España para tratar de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Todo comenzó allá por 2011. Un equipo de economistas expertos en pensiones se reunió para analizar la situación del futuro de las pensiones. El diagnostico no fue nada halagüeño:
- Población cada año más envejecida.
- Jubilados cobrando pensiones durante décadas y en algunos casos durante más de 20 años…
Esto, en un sistema en el que en sus inicios sobrevivir 10 años a la edad de jubilación era casi un caso de libro Guinnes de los Records.
Las previsiones futuras para la sostenibilidad de las pensiones, aún peores. La población mayor de 65 años será el 37% del total en 2052 y el número de pensionistas en ese año superaría los 15 millones, frente a los nueve millones actuales.
En el otro lado, viviremos en una sociedad en la que los jóvenes tenderán a escasear (cada vez nacen menos niños) y su incorporación al mercado de trabajo es cada vez más tardía. Conseguir un contrato laboral decente antes de los 30 años es casi imposible.
El resultado es un escandaloso desfase entre los que cobran pensión y los encargados de pagarlas con sus aportaciones al sistema público de Seguridad Social. Un desfase que está haciendo saltar por los aires todo el sistema de previsión social instaurado. Simplemente, no se sostiene. No hay dinero. No hay sostenibilidad de las pensiones.
En los últimos años, esta insuficiencia ha tenido su ejemplo más visible en que el Gobierno ha tenido que sacar dinero de la denominada hucha de las pensiones para que los jubilados pudieran cobrar cada mes lo que se había prometido.
Expertos y políticos se devanan los sesos buscando alternativas: incrementar el número de años trabajando, elevar la edad mínima de jubilación, implantar impuestos que ayuden a financiar las arcas de la Seguridad Social que ahora solo reciben aportaciones de trabajadores…
Los dos pilares de la sostenibilidad de las pensiones
A falta de una solución salomónica, el Gobierno español decidió en 2013 implantar las primeras medidas para asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Así, en la Ley 23/2013 se aprobaron las primeras reglas para ligar las pensiones a la situación de las finanzas públicas. Nació el factor de sostenibilidad que se apoya en dos pilares. La ya mencionada, que liga la pensión a la situación del país y a la esperanza de vida del pensionista y la más conocida revalorización anual de las pensiones.
La tradicional revalorización de las pensiones en función de IPC quedó anulada en España ese año en aras de la sostenibilidad de las pensiones. Desde entonces para calcular la actualización de la cuantía de las pensiones se aplica el Índice de Revalorización de las Pensiones. Una compleja fórmula en la que se tiene en cuenta:
- la inflación media,
- los ingresos del sistema público de pensiones,
- la situación en la que se encuentran las finanzas de la Seguridad Social durante una media de 11 años (contando los seis anteriores al momento del pago de la pensión y las previsiones de los cinco siguientes).
Para evitar sustos, el Gobierno limitó tanto las bajadas como las subidas de las pensiones. Es decir, que sea cual sea el resultado de aplicar la fórmula las pensiones siempre tendrán un mínimo de revalorización del 0,25%. En las épocas de vacas gordas el máximo de la revalorización será del IPC más otro 0,25%.
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