Hace ya algunos años que se habla de la posibilidad de plantear semanas laborales de cuatro días, pero no ha sido hasta ahora que la iniciativa ha recibido el apoyo decidido de las instituciones, que han aprobado un plan piloto para su aplicación progresiva con el objeto de estudiar su viabilidad.
El proyecto piloto, que ha sido impulsado desde el Parlamento por el partido Más País, que incluía dicha iniciativa en su programa, recibirá el apoyo económico del Gobierno a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que aprobó el Ejecutivo para la distribución de las ayudas del fondo europeo contra el coronavirus. Un plan dotado con 72.000 millones de euros procedentes de la UE.
Este proyecto de reducción de las jornadas laborales estará dotado de 50 millones de euros para compensar los incrementos salariales por hora derivados de la medida a las empresas que voluntariamente se sumen al proyecto. Unas ayudas que se otorgarán vía subvenciones, con cargo a los fondos europeos de recuperación económica.
En este piloto, que tendrá una duración de tres años, participarán de forma voluntaria doscientas empresas (pymes) que suman un total de más de 3000 trabajadores, que pasarán a cumplir unas semanas laborales de cuatro días, lo que supone 32 horas de trabajo semanales.
El objetivo de esta prueba es comprobar al cabo de un año, aunque el seguimiento será continuo, si se han producido aumentos de la productividad y valorar el bienestar de los trabajadores implicados.
El paquete de ayudas se destinaría en un principio a cubrir el 100% de los gastos por los incrementos salariales, ya que los empleados trabajarán menos horas y cobrarán lo mismo, y al coste de las transformaciones necesarias en materia de digitalización. Sin embargo, la pretensión es que luego esta cantidad sea descendente en función de que se vaya aumentando la productividad o, por ejemplo, el ahorro en las empresas por la reducción de horas extra.
Control de expertos
Para diseñar el plan y monitorizar sus efectos, se ha propuesto la creación de un grupo de expertos independientes, del ámbito universitario, que trabajen a modo de consorcio junto a sindicatos y patronal, además de los técnicos del Ministerio de Industria. Y la intención definitiva es que si los resultados son satisfactorios se impulsen en el futuro cambios legislativos en este sentido.
En principio, los sectores a los que se ha dirigido en especial este plan son la consultoría, programación, abogacía, telemarketing y arquitectura, aunque no se descarta implicar a otros menos receptivos inicialmente como por ejemplo la hostelería.
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