La nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular ha sido finalmente aprobada en el Congreso y entrará en vigor en el transcurso de los próximos meses con el objetivo de reducir los residuos y fomentar el reciclaje, prohibir la venta de plásticos de un solo uso y promover el cambio hacia una economía circular en España, asumiendo de este modo unas directivas europeas en materia de medioambiental que ya deberían haberse aplicado en 2020 y 2021.
Y es que la intención de esta iniciativa legislativa es facilitar una progresión sustancial en la consecución de los nuevos y más exigentes objetivos de gestión de residuos que ha fijado la UE para los horizontes 2025, 2030 y 2035. De hecho, La norma incluye como objetivo la reducción del peso de los residuos producidos en un 13% en 2025.
Dos nuevos tributos figuran entre las principales novedades de la reforma, que reemplazará la Ley de Residuos de 2011. Y es que para fomentar la economía circular, se aplicarán dos nuevos impuestos. El primero de ellos sobre los envases de plástico no reutilizables, y el segundo será una nueva tasa a la incineración, coincineración y al depósito de residuos en vertedero.
Prohibiciones y obligaciones
Otra de las cuestiones que introduce el texto es la prohibición de destruir los excedentes no vendidos de productos no perecederos como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, que deberán destinarse preferentemente a reutilización y reciclado.
Además, desde 2025 se tendrán que separar los residuos textiles, el aceite de cocina usado y los residuos domésticos peligrosos y voluminosos. A parte, claro está, de los que ya se reciclan por separado actualmente: papel y cartón, plásticos, vidrio y orgánicos. Con esto se pretende el fortalecimiento de la recogida separada de residuos, en particular la de los biorresiduos de origen doméstico, que se complementa con las previsiones destinadas a reducir el desperdicio alimentario.
Otro punto de interés, pensado para reducir el consumo de envases, es la obligación de los establecimientos de hostelería y restauración de ofrecer el consumo de agua de grifo gratuita.
La reparación es otra de las exigencias recogidas en la nueva ley. Los productores deberán informar al consumidor sobre la posibilidad de reparar los productos eléctricos y electrónicos, para evitar de este modo la obsolescencia programada. Además, durante un tiempo mínimo, que variará según los productos, los fabricantes están obligados a seguir comercializando las piezas de recambio que pudieran necesitarse para las reparaciones.
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