Cada persona desperdicia en España una media de 31 kilos de comida al año, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1.364 millones por hogar, según la misma fuente. Y para paliar este derroche insostenible el Gobierno aprobará la Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que afectará directamente a las empresas de venta y a los restaurantes.
El objetivo de esta ley es obviamente reducir el desecho de alimentos que acaban en la basura en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el hogar, y para ello decretará una serie de obligaciones a las empresas y negocios de la restauración y contemplará sanciones de hasta 500.000 euros para quienes no cumplan con la nueva normativa.
La intención del ejecutivo es que la nueva ley entre en vigor en enero de 2023, momento en que todas las empresas implicadas en la cadena alimentaria deberán contar con un plan de prevención para minimizar las pérdidas y destinar los alimentos a otros usos, con prioridad para el consumo humano.
Obligaciones
Así, las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido –salvo en los establecimientos tipo bufé libre o similares-, y deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables.
Aun así, si a los negocios hosteleros les sobra género, la prioridad debe ser destinar los desperdicios al consumo humano canalizándolos a través de la donación o redistribución de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. Una medida que se llevará a cabo mediante acuerdos que deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.
Por otro lado, cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria, ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.
Por otro lado, en los supermercados deberán habilitarse áreas de venta de productos feos. Esos que pueden estar golpeados o no tener buen aspecto, pero ser aptos para el consumo. Se venderán, por lo tanto, más baratos, y no serán desechados. Además, los productos cercanos a la fecha de caducidad se abaratarán para facilitar su comercialización.
La ley contará con un régimen sancionador que valorará las faltas como graves o muy graves, de modo que pueden conllevar multas desde los 2000 a los 500.000 euros.
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