Las nuevas medidas sociales que incluyen los Presupuestos Generales del Estado
Una de las principales medidas es que todas las pensiones, contributivas o no, crecerán en función de la inflación. Así, desde el Ministerio estiman que el incremento que se aplicará a las pensiones será de alrededor del 8,5%, en función del dato del IPC interanual en el mes de noviembre. El dato definitivo se conocerá, por tanto, a final de año. Y en la misma línea, el Ingreso Mínimo Vital aumentará en los mismos términos que las pensiones, es decir, en función de la inflación registrada a final del año.
Por otra parte, el IPREM, que es el indicador clave para el acceso y la cuantía de diversas ayudas sociales, se situará en 600 euros al mes a partir del 1 de enero de 2023, lo que supone un incremento del 3,6%, bastante lejos de la previsión de inflación.
Prestación de crianza
La prestación de crianza de 100€ mensuales por hijo o hija para familias con criaturas menores de 0 a 3 años se generalizará, siempre que la persona con hijos haya cotizado un mínimo de 30 días en algún momento de su vida o hayan recibido una prestación –contributiva o asistencial– del sistema de protección del desempleo.
Respecto al paro, se recuperará el 60% de la base reguladora desde los seis meses en la prestación por desempleo. Algo que, según el Gobierno, beneficiará a unas 300.000 personas.
Otra novedad destacada es que se asimilarán las familias monomarentales con dos hijos a la actual categoría de familias numerosas, con lo cual se podrán beneficiar de las ayudas dispuestas para este modelo familiar.
Ley de familias
En los presupuestos se expresa el compromiso de tramitar la que será una Ley de familias, que entre sus contenidos más destacados está el de incluir permisos de conciliación, tales como permiso para cuidadores, permiso para atender circunstancias familiares imprevistas o un nuevo permiso parental de ocho semanas.
Igualmente relacionado con el ámbito familiar está el llamado Plan de Choque de Dependencia, que contará con una partida de 620 millones para crear nuevos servicios, reducir listas de espera y mejorar las condiciones laborales de quienes cuidan. Este capítulo de dependencia, que resultó especialmente conflictivo durante la crisis del COVID, registrará un incremento presupuestario del 152%.
Se mantendrá el bono de alquiler joven sumando 200 millones de euros más, y también se incrementan en más del 5% los recursos destinados al acceso a la vivienda.
En lo referente a los empleados públicos, se incrementará el salario de los funcionarios has un 9’5% en tres años. Una subida que beneficiará a 2.717.570 de trabajadores del ámbito estatal, autonómico y local.
