Una de las recomendaciones recurrentes durante la pandemia, aunque no se ha demostrado que el dinero fuera una vía destacada de contagio, ha sido el uso de las tarjetas de crédito y de los pagos online en detrimento del efectivo. Y aprovechando la coyuntura, el Gobierno anunció hace unos meses su intención de proponer al Congreso una propuesta para eliminar progresivamente el dinero en metálico.
La finalidad de esta idea sería la de apoyar e impulsar la conciencia fiscal de los ciudadanos, evitando la economía sumergida, que es uno de los fraudes más comunes en nuestro país. Una medida que, a la larga, provocará la desaparición total y definitiva del dinero en efectivo en nuestra economía diaria.
Cualquier tipo de pago digital deja necesariamente un rastro, con lo que Hacienda evitaría las malas praxis fiscales y conseguiría unos impuestos justos y redistributivos, además de simplificar las declaraciones de la Renta y fomentar una conciencia ciudadana que rechazaría el fraude.
Reducir antes de eliminar
No obstante, el Gobierno es consciente de las dificultades del cambio de modelo económico, que exigirá reajustar muchos aspectos de la cotidianeidad económica y el consumo de los ciudadanos, y por ello más que enfocarlo como un proceso de eliminación del dinero en efectivo, lo plantea como un plan de readaptación para reducir su uso. Es decir, establecer limitaciones al uso del dinero en metálico, de manera que los billetes y las monedas no puedan utilizarse como hasta ahora.
Impedir los pagos en efectivo impedirá tanto el fraude fiscal como el blanqueo de capitales, pues habrá constancia digital de todas las transacciones. Así, por ejemplo, se evitarán en gran parte las operaciones en B, que esquivan la obligatoriedad de pagar el Impuesto del Valor Añadido (IVA).
Por todo ello, la intención última de Hacienda es reducir el máximo permitido para pagar cualquier servicio o bien en efectivo.
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