¿A qué se dedica el Consejo de Política Fiscal y Financiera?

Les invito a que hagan una prueba: tecleen en cualquier buscador de Internet «consejo de política fiscal y financiera».  Si no acotan por fechas, el resultado de búsqueda arrojará miles de noticias que recogen las tensiones entre el ministro de Hacienda de turno con los representantes de las CCAA para consensuar cuánto dinero pueden gastar estas o cómo arañar y subir techos de gasto, gestionar tributos, etc.

Para los poco entendidos, esto puede parece uno más de los múltiples rifirrafes entre políticos de uno y otro signo. Apenas encontrarán referencia en esas informaciones a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque no lo parezca, es una de las piezas clave de organigrama de lo que se conoce como estado de las autonomías.

Desde el momento de su creación, en 1980, el CPFF es el marco en el que el Estado debe consensuar con todas las Comunidades Autónomas los mecanismos de financiación del nuevo orden estatal que se aprobó aquel año en la Ley de Financiación de las CCAA, que creó las autonomías y el propio CPFF.

Desde su origen, su principal objetivo «servir como marco de coordinación entre el Gobierno Central, representado por el ministro de Hacienda, y cada una de las CCAA y las dos ciudades autónomas, que envían a sus respectivos consejeros de Hacienda». Pero con los años y con el incremento de las transferencias, el Consejo de Política Fiscal y Financiera cobra cada vez más importancia.

En principio, las decisiones que adopta son recomendaciones, es decir, que legalmente no tienen carácter vinculante para el Gobierno. La teoría dice que el sistema de votación otorga un voto a cada una de las CCAA y a cada ciudad autónoma y también al representante del Estado. Si en una primera votación no se llegara a un acuerdo, el Estado tiene voto de calidad y podría sacar adelante su propuesta tan solo con recabar el apoyo de una comunidad autónoma.

En la práctica, ese reglamento nunca se ha llevado al extremo. En sus 16 años de vida, los miembros de CPFF se han esforzado en negociar decisiones que se hagan públicas con el suficiente consenso como para que puedan ser aplicadas sin problema por el Gobierno del Estado.

En 2014, se unió a este órgano un nuevo miembro; el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, quien, con carácter consultivo, debe velar porque los deseos de gasto de cada Comunidad Autónoma estén en consonancia con las necesidades de sostenibilidad financiera que exige la Ley de estabilidad.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera casi siempre suele ser noticia el día en que se reúnen todos sus miembros. Pero entre reunión y reunión también tiene una intensa actividad. La ley que le dio vida, le atribuye una gran variedad de responsabilidades como:

1. «La emisión de los informes y la adopción de los acuerdos previstos en la Ley Orgánica 18/2001, Complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
2. El estudio y valoración de los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Compensación.
3. El estudio, la elaboración, en su caso, y la revisión de los métodos utilizados para el cálculo de los costos de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas.
4. La apreciación de las razones que justifiquen, en cada caso, la percepción por parte de las Comunidades Autónomas de las asignaciones presupuestarias, así como los criterios de equidad seguidos para su afectación.
5. La coordinación de la política de endeudamiento.
6. La coordinación de la política de inversiones públicas.
7. En general, todo aspecto de la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada.»

Además, en función de las necesidades políticas y de financiación del Estado y de las Autonomías, este órgano tiene la potestad de formar grupos de trabajo especializados para estudiar en profundidad los temas de interés relacionados con la financiación y la política fiscal común.